La Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos en el seno de la Cámara de Representantes organizó, el miércoles 05 de junio de 2024, en asociación con el Ministerio de Justicia, una jornada de estudio sobre el proyecto de ley 02.23 relativo al procedimiento civil.
Esta jornada de estudio, cuya organización coincidió con la prosecución de la discusión detallada de las disposiciones del proyecto de ley en el seno de la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos, tiene como objetivo enriquecer el debate público e intercambiar puntos de vistas e ideas con miras a adoptar un texto de calidad que responda a las expectativas de las/los ciudadana/os, así como de todos los usuarios de la justicia.
En esta ocasión, el Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Mohammed Ouzzine, pronunció una alocución en nombre del Presidente de la Cámara de Representantes, Rachid Talbi El Alami, en la cual subrayó la importancia de este encuentro que se inscribe en el marco de la metodología de implicación y diálogo que adopta la Cámara de Representantes al tratar proyectos de ley y cuestiones de gran relevancia social, lo que contribuiría a alcanzar un consenso integral sobre estos textos y facilitar una implementación más eficaz de sus disposiciones.
Asimismo, subrayó que el proyecto de ley relativo al procedimiento civil, que es un texto central en la legislación nacional, que tiene como propósito, además de los objetivos tradicionales de todo texto, asegurar el buen funcionamiento de la justicia, consagrar la unidad de la justicia, organizar la competencia internacional, lograr la eficiencia judicial, proteger los derechos de los justiciables, adoptar la digitalización en los litigios y procedimientos y consagrar la independencia del poder judicial.
Del mismo modo, consideró que se trata de un proyecto de ley con apuestas diversas, múltiples y fundamentales, que se enmarca en el contexto de las grandes reformas lideradas y patrocinadas por Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios Le Asista, además de su papel en la salvaguardia de los derechos humanos a través de un juicio justo, la garantía los derechos de todas las partes, así como la garantía de la ejecución de las sentencias y el aceleramiento de los procedimientos, este texto tendrá impactos positivos en el clima de negocios, de modo que contribuirá a hacerlo más atractivo y a fortalecer la confianza de los inversionistas en un país que cuenta con un avanzado y abierto arsenal legal en el ámbito de las inversiones, regido por la Carta nacional.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó que la elaboración del proyecto de ley relativo al procedimiento civil se llevó a cabo según una metodología participativa con los diferentes Ministerios y administraciones públicas, señalando que la base de este proyecto consiste en asignar responsabilidades entre las distintas partes implicadas en el proceso judicial.
El Ministro de Justicia destacó que, en consonancia con los avances digitales que conoce el mundo, el proyecto de ley 02.23 incluye una sección especial dedicada a la digitalización de los procedimientos y trámites judiciales, con el fin de facilitar y mejorar los procesos judiciales y acompañar las transformaciones relacionadas con la tecnología digital, poniendo el énfasis en este contexto la importancia de la eficiencia en la gestión del tiempo judicial.
Asimismo, agregó que el proyecto de ley relativo al procedimiento civil incluye una serie de disposiciones anexas, como la fijación de un plazo de 15 días para apelar las sentencias en ciertos casos, la emisión y ejecución de sentencias dentro de plazos razonables, así como la protección de los derechos de los justiciables.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos, Said Baaziz, subrayó que la organización de este encuentro de estudio se enmarca en las directrices reales de Su Majestad que fueron incluidas en el Mensaje Real con motivo del 60 aniversario de la constitución del Parlamento marroquí, que buscan consolidar una cultura de participación y diálogo, así como fortalecer la confianza en las instituciones. Además, explicó que este encuentro, que coincide con la continuación de la discusión detallada de las disposiciones del proyecto de ley en la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos, tiene como objetivo abrir un diálogo con diversos actores en este sistema para formular propuestas que los diputados presentarán sobre el proyecto de ley de procedimiento civil.
Durante las sesiones científicas, los participantes subrayaron que el proyecto de ley es una traducción de la visión real tendiente a mejorar la eficiencia judicial mediante la simplificación y la transparencia de los procedimientos, la mejora de la calidad de las sentencias y los servicios judiciales y el establecimiento de un nuevo concepto de justicia a través de la creación de un espacio al servicio del ciudadano, así como la implementación del contenido de la Constitución de 2011 mediante la adaptación de las legislaciones a los tratados internacionales y las recomendaciones de la Carta para reformar el sistema judicial. Los intervinientes consideraron que el proyecto de ley relativo al procedimiento civil representa una revolución suave en el ámbito legislativo del Reino, especialmente respecto al aspecto objetivo de la Ley que abarca áreas como la unidad del sistema judicial y el mantenimiento de la especialización y la globalidad de la organización judicial, con el objetivo de facilitar un acceso justo y eficaz a la justicia, y abrir las puertas a la justicia digital.
Durante este encuentro, en el que participaron parlamentarios y actores institucionales, junto con profesionales, investigadores y académicos, los participantes formularon algunas observaciones respecto a la competencia específica y las sentencias que resuelven la excepción de incompetencia, las excepciones de inadmisibilidad, la dificultad de ejercer el recurso de apelación y la importancia del acceso informado al Tribunal de Casación, considerando este como una fuente importante para la unificación de la práctica judicial, la interpretación de la norma legal y la unificación de la jurisprudencia.
Los participantes destacaron los desafíos de ampliar el alcance del procedimiento oral, la importancia de mejorar la estructura del texto, su lenguaje y algunos conceptos, y superar las deficiencias que han revelado la práctica, la jurisprudencia y algunas opiniones jurisprudenciales.
Los intervinientes explicaron que el proyecto también incluye un conjunto de novedades destinadas a revisar la ley actual, con el fin de actualizar sus disposiciones en consonancia con las transformaciones sociales y económicas que experimenta la sociedad marroquí, mediante la inclusión de disposiciones legales que mejoren este texto legal, en particular los cambios que han surgido en los procedimientos de notificación. Además, se presentaron las novedades relacionadas con la regulación y el control de los recursos para reducir su número y así garantizar un acceso justo a la justicia, junto con la adopción de medios electrónicos en los litigios, de acuerdo con los avances digitales que conoce el mundo.
Asimismo, los participantes en esta jornada de estudio formularon una serie de observaciones y propuestas respecto a la competencia de los tribunales comerciales y administrativos, así como en relación con las disposiciones y principios vinculados a los procedimientos de notificación y ejecución. Además, subrayaron la necesidad de establecer la protección de la vida privada de los justiciables, teniendo en cuenta el principio del derecho a litigar y la igualdad en lo que respecta a los recursos, destacando la importancia de fijar un límite máximo para algunas multas.
Igualmente, resaltaron el papel del cuerpo de secretaría judicial en la consolidación del principio de gestión del tiempo judicial según las novedades del proyecto de ley de procedimiento civil. Los participantes destacaron la importancia de que el cuerpo de secretaría judicial comprobara las formalidades de la demanda para evitar la pérdida del tiempo judicial y mejorar la gestión de las audiencias y los procedimientos seguidos tras la pronunciación del fallo.
Los participantes afirmaron también que el espíritu y la esencia de las novedades introducidas por el texto legislativo reflejan el deseo y la voluntad de responder a la Carta para reformar el Sistema de Justicia, aprovechando las ricas y honorables acumulaciones del sistema judicial marroquí y contando con los elementos de eficiencia y gobernanza. Además, subrayaron la importancia de interactuar positivamente con los rápidos avances en el campo de la tecnología digital, así como las novedades en los derechos de defensa, los métodos de apelación y los procedimientos de notificación y ejecución.
En el contexto de abordar el papel de los actores en el sistema de justicia, los intervinientes destacaron la importancia de la profesión de perito judicial y las principales dificultades y obstáculos que enfrenta, formulando una serie de propuestas destinadas a modificar los artículos que regulan esta profesión.
En el mismo contexto, remarcaron que el procedimiento civil también concierne a la profesión de notarios, subrayando la necesidad de revisar y reconsiderar la redacción de algunos textos y disposiciones relacionados con el divorcio y la disolución matrimonial en el marco de la reforma del sistema de justicia y la mejora de la eficiencia judicial.
Los participantes hicieron hincapié, asimismo, en la importancia del papel central del agente judicial, llamando a la necesidad de tener en cuenta la realidad de la práctica profesional y los desafíos al que se enfrenta en el marco del procedimiento de notificación y ejecución, que requiere el cumplimiento de los principios y reglas que garanticen la eficiencia judicial.
Durante la reunión, los participantes llamaron a la importancia de implicar a todos los actores del sistema de justicia en la formulación de observaciones y propuestas que contribuyan a mejorar el proyecto de ley relativo al procedimiento civil, objeto de revisión, por ser uno de los proyectos legislativos más importantes que regulan la actividad judicial y que está estrechamente relacionado con los derechos establecidos en la Constitución del Reino.