La Cámara de Representantes aprueba por unanimidad el proyecto de ley N°25.19 relativo a la Oficina Marroquí de Derechos de Autor y Derechos Conexos
La Cámara de Representantes aprobó, el lunes 27 de junio de 2022, por unanimidad el proyecto de ley N°25.19 relativo a la Oficina Marroquí de Derechos de Autor y Derechos Conexos, durante una sesión legislativa presidida por el Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Mohammed Sabbari, en presencia del Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que sustituyó al Ministro de Juventud, Cultura y Comunicación, Mohamed Mehdi Bensaid, y del Ministro delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de las Relaciones con el Parlamento y Portavoz del Gobierno, Mustapha Baitas.
El proyecto de ley N°25.19 se inscribe en el marco de la puesta en marcha de las Altas Directrices Reales sobre la valoración de la cultura y el arte que forman parte del pilar fundamental del desarrollo económico y social. En virtud de este proyecto de ley, la Oficina Marroquí de Derechos de Autor y Derechos Conexos gozará de un estatuto jurídico en forma de persona moral sujeta al derecho público y de la independencia financiera, lo que le permitirá modernizar sus métodos de gestión, consolidar la gobernanza en las recaudaciones y distribuciones de los derechos y contribuir a la mejora de la condición tanto financiera como moral de los creadores.
El precitado texto jurídico aprobado contiene una serie de novedades relacionadas principalmente con la creación de un Consejo de Administración con todas las competencias necesarias para administrar la Oficina, además de un Consejo de Distribución y Seguimiento, encargado del asesoramiento y la orientación con vistas a promover y proteger los derechos del autor y los derechos conexos a fin de poner en práctica el principio de buena gobernanza.
El proyecto de ley N.° 25-19 dedica un Título a las normas para la gestión de los derechos de los autores y los derechos conexos, disponiendo el pago por parte de la Oficina de las cantidades adeudadas a los derechohabientes en un plazo máximo de dos meses, a partir del final del año fiscal en el que se haya procedido a la recaudación de los ingresos derivados de la explotación de dichos derechos. Asimismo, el mismo texto prevé la creación una Caja Social en beneficio de los autores y titulares de los derechos conexos con el fin de permitirles beneficiar de un sistema de cobertura social.
Esta ley constituiría un salto cualitativo que permitiría por primera vez contar con una Oficina moderna dotada de dispositivos administrativos y discrecionales para acelerar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los creadores y consolidar la cultura de la propiedad intelectual en el país.