La Cámara de Representantes aprueba tres proyectos de ley orgánica relativos a la justicia y la aplicación del Artículo 133 de la Constitución
La Cámara de Representantes aprobó, el lunes 02 de enero de 2023, tres proyectos de ley orgánica relativos a la justicia y la aplicación del Artículo 133 de la Constitución, durante una sesión plenaria legislativa presidida por el Presidente de la Cámara de Representantes, Rachid Talbi El Alami, en presencia del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y del ministro delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de Relaciones con el Parlamento, Portavoz del Gobierno, Mustapha Baïtas.
Los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley orgánica 100-13 por el que se modifica y se completa la Ley Orgánica 100-13 relativa al Consejo Superior del Poder Judicial. Este proyecto de ley tiene como objetivo mejorar las circunstancias y condiciones de la celebración de las elecciones de los representantes de los Magistrados del Consejo, confiriendo a este la facultad de determinar las condiciones, los medios y los lugares donde los candidatos pueden exponer sus perfiles, de modo que garantice la igualdad entre estos y atienda al estatus de la magistratura, así como rehabilitar las estructuras del Consejo, a fin de desarrollar su desempeño, mejorar su funcionamiento, aumentar su eficiencia y revisar el mecanismo jurídico para determinar los órganos administrativos y financieros del Consejo, su número, sus prerrogativas, su organización y las modalidades de su gestión.
El proyecto de ley orgánica votado reconsidera los componentes de la instancia conjunta de coordinación en materia de administración judicial, implicando a la Presidencia del Ministerio Público y estableciendo disposiciones para garantizar una nueva gestión del procedimiento de selección de los magistrados de enlace adscritos ante las Embajadas en algunos países con los que Marruecos mantiene una cooperación judicial.
Durante la misma sesión, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica 14-22 por el que se modifica y se completa la Ley Orgánica 106-13 relativa al Estatuto de los Magistrados, cuyas enmiendas se centraron principalmente en disposiciones importantes acerca de la composición del Poder Judicial, las condiciones de su acceso, los derechos y deberes de los magistrados, su estatuto, el régimen disciplinario y el cese definitivo del trabajo.
El proyecto de ley orgánica citado se enmarca en la puesta en marcha de la Voluntad Real expresada en numerosos discursos y mensajes, y en la implementación de las recomendaciones de la Carta de la reforma de la justicia y el Nuevo Modelo de Desarrollo.
Entre las enmiendas más relevantes que se introdujeron en el nuevo texto de ley, la modificación de la ampliación de la edad de jubilación de uno a dos años tras la aprobación del magistrado, a partir de los 65 años, y la fijación del límite máximo para la ampliación de la edad de jubilación de los magistrados a los 75 años en lugar de los 70 años, con el objetivo de hacer frente a la carencia en términos de pericia judicial, por un lado, y la escasez observada en el número de magistrados, por otro lado.
En la misma ocasión, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley 86-15 por el que se determinan las condiciones y modalidades de aplicación del Artículo 133 de la Constitución, tal y como fue remitido por la Cámara de Consejeros en segunda lectura, introduciendo un conjunto de enmiendas que tocaron 112 artículos en torno a disposiciones en términos de fondo como de forma.
Entre las enmiendas más relevantes se encuentra la adición de un cuarto Capítulo, titulado “Procedimientos para pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad de ley ante el Tribunal Constitucional”, que aclara el procedimiento y las medidas ante este Tribunal, así como atribuye al Ministerio Público la facultad de pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad de una ley en los casos civiles en los que puede actuar como parte principal o intervenir como parte adherente. El nuevo texto de ley aprobado establece que el Tribunal Constitucional, al examinar la excepción de inconstitucionalidad de una ley, deberá no dejar de pronunciarse sobre el conflicto relativo a la elección de los miembros del Parlamento, cuando el caso esté relacionado con el procedimiento de investigación de los procesos electorales.