Alocución del Presidente de la Cámara de Representantes en la sesión inaugural de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Señor Presidente de la Cámara de Consejeros y querido colega Naam Miyara,

Señora Presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos,

Señora Ministra de Solidaridad, Integración Social y Familia,

Señoras responsables de los sectores de las mujeres en el seno de los partidos políticos nacionales, 

Señora representante de ONU Mujeres,

Estimada/os colegas parlamentaria/os,

Señoras y Señores representantes de los medios de comunicación,

Estimada/os señoras y señores,

Si estoy feliz por participar en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que celebra nuestro país en el marco de las actividades que se extienden hasta el 10 de diciembre de 2021, mi felicidad está teñida de gran pena mientras observo, tal como ustedes observan, la persistencia de este fenómeno social que no es solo un caso marroquí, sino que es un fenómeno mundial relatado por los informes internacionales tanto en los países del Sur como en los países del Norte.

Valorando esta actividad celebrada por la Cámara de Consejeros, quisiera subrayar que no hace falta recordar el número de mujeres víctimas de violencia, ni las formas de violencia ejercida contra ellas y sus contextos para darnos cuenta de los graves daños causados por este fenómeno. Independientemente de la magnitud del fenómeno y el número de sus víctimas, se trata de una grave violación de los derechos humanos y de la ley, y va en contra de la naturaleza de las relaciones que deben existir entre los miembros de la sociedad, de la esencia del humanismo y de la civilización humana.

Aunque el diagnóstico de esta violencia es necesario para abarcar este fenómeno, erradicar sus raíces y causas sigue siendo crucial, ya que los mecanismos y los enfoques necesarios a tal efecto son numerosos y se ramifican en lo que es jurídico-represivo, pedagógico-educativo, sociológico y cultural.

Como ya he mencionado, en Marruecos no estamos exentos del agravamiento del fenómeno. Sin embargo, menos mal, en nuestro país existe la voluntad de hacer frente a este fenómeno, honrar a la mujer, aplicar el principio de igualdad y paridad y fortalecer la presencia de la mujer en los puestos de decisión política, institucional, económica, cultural y diplomática. En primer lugar, se trata de una firme voluntad de Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le asista, y también una determinación y políticas detrás de las cuales y en su corazón se movilizan y se implican las fuerzas vivas políticas y civiles del país y sus instituciones.

Gracias a esta voluntad Real de proteger los derechos de las mujeres y garantizar su dignidad, los derechos y la protección de las mujeres han estado en el centro de las reformas lanzadas por nuestro país hace más de veinte años. Todos recordamos la alta voluntad real de promulgar un nuevo Código de la Familia en 2004 y someterlo al procedimiento legislativo, después de amplias consultas nacionales y un diálogo nacional sereno, teniendo en cuenta las disposiciones de liberación que aportaba, garantizando los derechos de las mujeres y los niños y logrando el equilibrio en el marco de la familia. Todo esto tuvo lugar en un contexto regional civilizado conservador, pero fue al mismo tiempo un paso considerado, y sigue siendo, por las organizaciones internacionales, los socios de Marruecos y con quienes comparte los valores de democracia y derechos humanos, un modelo para un Código avanzado.

La aprobación del Código allanó el camino a un largo proceso de profundas reformas tendientes a garantizar los derechos de la mujer y protegerla de toda violencia física, económica o simbólica de la que podría ser víctima, siendo el fundamento de las citadas reformas la Constitución de 2011 que, además de prever el acceso igualitario de hombres y mujeres a los derechos y libertades civiles, políticos y de otra índole consagrados en la Carta Magna del país, así como en los convenios y cartas internacionales ratificados por Marruecos, subraya la voluntad del Estado de lograr la paridad entre hombres y mujeres y establece la creación del Consejo Consultivo de la Familia y la Infancia.

La Constitución de 2011 lanzó una serie de reformas legislativas e institucionales para garantizar los derechos de las mujeres, principalmente luchando contra la discriminación y la violencia contra ellas. Una de sus características más destacadas fue la aprobación de la Ley 103.13 relativa a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Si la violencia contra la mujer -como contra cualquier ser humano- es inadmisible y está condenada por todas las legislaciones, leyes, valores y normas, atender a las niñas y mujeres víctimas de la violencia, lograr la justicia y sancionar esta práctica aberrante se consideran un paso crucial para ayudar a quienes son víctimas de este tipo de injusticia dañina y perjudicial para la dignidad y el cuerpo.

Consciente de esta responsabilidad, nuestro país ha hecho de las instituciones y los centros de atención encargados de las niñas y mujeres víctimas de violencia una política pública constante, cuya distribución institucional se extiende desde la institución de la seguridad nacional, tanto en el centro como a nivel territorial, hasta los tribunales, lo que se sustenta y se refuerza por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que desempeñan el papel de vigilancia, sensibilización y socialización. 

No es de extrañar que la práctica marroquí en materia de atención, escucha y socialización de las víctimas de la violencia, misión llevada a cabo por las células de la Dirección General de Seguridad Nacional, sea un modelo a seguir en las prácticas internacionales y objeto de elogio por parte de los órganos de las Naciones Unidas.

Señor Presidente,

Señoras y señores,

Si hemos establecido en nuestro país los mecanismos constitucionales, legislativos, institucionales y logísticos necesarios para atender a las víctimas de violencia, la persistencia de este fenómeno interpela nuestra conciencia y algunas de las tendencias conservadoras que infravaloran el fenómeno y lo aceptan.

Si las leyes son cruciales y esenciales para hacer frente a estas prácticas que son contrarias a la esencia de la humanidad, corregir muchas representaciones asociadas a la condición de la mujer en la sociedad, requiere una mayor movilización cultural y civil en la sociedad, en los partidos y las sociedades y en los medios de comunicación, con el fin de poder aislar este fenómeno y a los que lo practican, adoptando, por supuesto, políticas disuasorias, decisivas e irreconciliables con la violencia, en paralelo con asegurar la protección a las mujeres víctimas y denunciantes de la violencia.

Sin duda, el Parlamento es una institución que defiende los derechos de la mujer, la igualdad y la paridad, atendiendo a sus competencias legislativas y a su responsabilidad de perfeccionar, mejorar y adaptar las leyes a los contextos y necesidades de la sociedad, en virtud de sus prerrogativas en el control y la lucha contra el fenómeno, y sobre la base de su estatus constitucional que le confiere, además de estas competencias, una autoridad simbólica y pedagógica.

Ciertamente, uno de los medios para erradicar el fenómeno de la violencia contra la mujer son las políticas eficientes para el empoderamiento económico y la independencia financiera de la mujer, principalmente las políticas que facilitan una mayor presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisión a nivel central y territorial, teniendo en cuenta los mensajes enviados a la sociedad y el reconocimiento de la creatividad de la mujer y su capacidad de liderazgo. Contamos en nuestra historia antigua, moderna y contemporánea con lo que confirma estas capacidades.

Si la cuestión de la mujer está en el centro de las reformas impulsadas por nuestro país bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey, que Dios le asista, sean las relativas a la cobertura médica y social, el desarrollo sostenible, la inversión o la economía social y solidaria, y si la participación de las mujeres es uno de los fundamentos del nuevo Modelo de Desarrollo, la educación y la formación de las niñas siguen siendo una entrada clave para hacer frente a la violencia física, simbólica y económica contra las mujeres. No obstante, esto no anula el papel decisivo de la comunicación, la sensibilización y los medios de comunicación en la denuncia del fenómeno y en romper el silencio sobre las prácticas abusivas contra la mitad de la sociedad.

Lejos de subestimar o dramatizar el fenómeno, y dada la naturaleza compleja de la violencia contra la mujer, centrarse en la conciencia colectiva y la cultura en paralelo con la disuasión, implementar el principio de no impunidad y hacer cumplir la ley, todo ello conduciría a una acumulación, la cual debería producir una transformación en cuanto al tratamiento de este fenómeno por parte de la sociedad, con el objetivo de erradicarlo y lograr el objetivo de la ONU de "construir un futuro sin violencia contra las mujeres".

Para concluir, quisiera elogiar esta participación parlamentaria en esta noble acción ciudadana. Asimismo, me gustaría expresar mi particular gratitud al Presidente de la Cámara de Consejeros por su invitación y a ustedes, señoras y señores, por su atenta atención.